WASHINGTON DC— La Corte Suprema permitió el martes que siguiera vigente por ahora el Título 42, una controversial política de inmigración implementada durante la era Trump tras estallar la pandemia del COVID-19 y que permite la expulsión rápida de los solicitantes de asilo en la frontera.
En un fallo, la máxima corte votó 5-4 para conceder una solicitud de emergencia presentada por 19 fiscales generales estatales republicanos que intentaron intervenir en defensa de la medida.
La decisión pone en suspenso un fallo del juez federal de distrito Emmet Sullivan, de Washington, que iba a permitir la cancelación del Título 42 al considerar que la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) fue “arbitraria y caprichosa”. El fallo de Sullivan debía entrar en vigor el 21 de diciembre.
El caso se debatirá en febrero en el máximo tribunal, y la prórroga dictada la semana pasada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que mantiene vigentes las restricciones será válida hasta que los jueces tomen una decisión.
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La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que se esmeran por encontrar la forma de atenderlos.
El grupo de estados de tendencia conservadora afirma que la eliminación del Título 42 provocaría un aumento de la inmigración, lo que a su vez afectaría los servicios públicos y causaría una “calamidad sin precedentes”.
Algunos demócratas, incluido el senador de West Virginia, Joe Manchin, han expresado su apoyo para que se mantenga al menos temporalmente. Otro demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que el sistema para gestionar a los inmigrantes que buscan asilo se “romperá” si se pone fin al Título 42.
En el fallo del martes se especifica que la Corte Suprema revisará el asunto de si los estados tienen derecho a intervenir en la disputa jurídica en torno al Título 42. El gobierno federal y los defensores de los inmigrantes han alegado que los estados esperaron demasiado para intervenir, y que aun si no hubieran esperado tanto, carecen de categoría jurídica para hacerlo.
REACCIONA LA CASA BLANCA: "NO DEBE EXTENDERSE INDEFINIDAMENTE"
Ante la decisión de la Corte Suprema sobre el Título 42, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aclaró que la orden "mantiene la política actual del Título 42 mientras la Corte revisa el asunto en 2023" y aseguró que el gobierno de Biden se preparará para la evaluación.
"Estamos avanzando en nuestros preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se elimine y continúe ampliando las vías legales para la inmigración. El Título 42 es una medida de salud pública, no una medida de control de inmigración, y no debe extenderse indefinidamente", expresó Jean-Pierre.
"Para arreglar verdaderamente nuestro sistema de inmigración que no funciona, necesitamos que el Congreso apruebe medidas integrales de reforma migratoria como las que propuso el presidente Biden en su primer día en el cargo" agregó.
ACLU: "ESTAMOS PROFUNDAMENTE DECEPCIONADOS" ANTE DECISIÓN
Lee Gelernt, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés),, dijo que “estamos profundamente decepcionados por todos los solicitantes de asilo desesperados que seguirán sufriendo a causa del Título 42, pero seguiremos luchando para acabar finalmente con la política”.
Defensores de los inmigrantes interpusieron una demanda para poner fin a la aplicación del Título 42. Dijeron que la política va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución. También han argumentado que la política es obsoleta debido a la mejoría en los tratamientos contra el COVID-19.
QUÉ ES EL TÍTULO 42 Y A QUIÉNES AFECTA
El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020, bajo el mandato del republicano Donald Trump, y ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de migrantes, la mayoría desde la frontera con México por motivo de evitar la propagación de COVID-19.
Las restricciones a menudo se denominan Título 42 en referencia a una ley de salud pública de 1944.
Muchas nacionalidades y grupos demográficos han quedado exentos de la política, incluidos los niños que viajan solos y algunas nacionalidades cuyos países se niegan a repatriarlos, como Cuba, Nicaragua y, hasta hace poco, Venezuela.
Tras su levantamiento estaba previsto que se aplicara el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.
