El Banco Central de Venezuela ha demandado al Banco de Inglaterra para obligarle a liberar 1.000 millones de dólares en oro venezolano, con la prerrogativa de que tras venderlo se puedan utilizar los beneficios para la lucha contra el COVID-19.
El gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido esta acción legal contra la institución británica porque el oro está retenido a raíz de las sanciones que el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto a Venezuela.
La propuesta de la banca venezolana es que los fondos se transfieran al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de forma que estén gestionados por la ONU y se destinen a la compra de suministros como los equipos médicos necesarios para combatir el coronavirus.
La ONU confirmó que la entidad venezolana le había comunicado su intención de explorar este mecanismo.
El Banco Central de Venezuela ha solicitado que la transferencia se realice "con carácter de urgencia", según la demanda legal que presentó el pasado 14 de mayo ante un tribunal de Londres, en medio de las especulaciones que han surgido sobre la falta de capacidad del sistema médico del país para afrontar el brote de COVID-19.
A pesar de que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en petróleo, su economía atraviesa serias dificultades debido a la hiperinflación, graves problemas de escasez, la paralización de gran parte de su tejido productivo y la corrupción en muchas de sus administraciones, lo que se ha visto agravado por las sanciones internacionales.
Dejando de lado el petróleo, Venezuela produce muy poco, por lo que necesita importar bienes del exterior, y para ello requiere acceso a divisas como las 31 toneladas de lingotes de oro que se encuentran almacenadas en el Banco de Inglaterra.
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Para obtener liquidez, han recurrido a la venta de reservas de oro que se encontraban en el Banco Central de Venezuela a Turquía, Rusia, Emiratos Árabes Unidos e Irán, que también está bajo las sanciones de Estados Unidos.