Dennis Yadiel Sánchez Martin, el sobrino del artista puertorriqueño Ricky Martin, acudió este viernes al Tribunal de San Juan a una vista en la que inicialmente se determinaría si puede representarse a sí mismo en el pleito legal contra el cantante. Sin embargo, el joven llegó al tribunal acompañado del licenciado Michael Corona, quien lo representará.
Al contar con representación legal, el proceso se tornó académico.
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Según explicó el abogado de Sánchez, le dará continuidad a una moción de desestimación radicada por la defensa anterior del joven. El juez procederá a evaluarla y, de acoger la solicitud, se disuelve el caso. De lo contrario, procederán a contestar la demanda.
“Estamos frente a una moción de desestimación. Cuando el juez adjudique la moción de desestimación entonces pasaremos a la próxima etapa que es contestarla y empezar a decidir qué vamos a hacer en términos de reclamaciones nuestras en contra de Ricky Martin”, dijo Corona.
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Los representantes legales de Sánchez Martin renunciaron en enero de este año por diferencias.
La vista comenzará a las 3:30pm.
EN CONTEXTO
Un juez emitió a principios de julio de 2022 una orden de restricción contra el cantante puertorriqueño. La orden se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, pero en ese momento la policía no proporcionó más detalles, incluyendo quién la había solicitado.
Luego se dio a conocer que el boricua fue acusado por el sobrino, quien alegaba que ambos estuvieron involucrados en una relación amorosa y había pedido una orden de protección por caso de violencia doméstica contra el artista.
Su sobrino también radicó una querella por alegadamente recibir amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas para que no testificara contra el astro boricua.
Sin embargo, el caso fue archivado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan luego que Sánchez Martin solicitara dejar sin efecto la orden de protección.
El cantante luego presentó en septiembre de 2022 una demanda contra su sobrino por extorsión, daños y perjuicios, solicitando una compensación que asciende a al menos $30 millones.
