La decisión de una corte federal de Washington permitirá a partir de ahora acabar las detenciones arbitrarias de solicitantes de asilo que huyen de sus países de origen por persecución política, tortura o riesgo de muerte; algo que activistas y expertos en inmigración aplaudieron el martes.
Con su fallo del lunes, el juez federal James Boasberg ordenó terminar con la parcialidad en los arrestos de personas que piden asilo y dictaminó que se revise caso por caso para ver si los solicitantes deben ser puestos en libertad condicional.
"Esta es una gran victoria contra las políticas del (presidente Donald) Trump y que reconoce nuestros valores como país", señaló en declaraciones Edgar Saldívar, abogado principal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, los demandantes de asilo recibían la libertad condicional humanitaria mientras esperaban los procedimientos de inmigración, siempre que cumplieran una serie de requisitos estrictos.
En cambio, la Administración Trump ha optado por detener de forma indefinida a miles de inmigrantes, según la ACLU, que ha denunciado que esta práctica "viola la Constitución, las leyes de inmigración del país y la política del Departamento de Seguridad Nacional".
En concreto, los denunciantes apuntaron a cinco oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés), que dejaron de otorgar la libertad condicional desde principios de 2017.
Esas oficinas están en Detroit (que cubre Michigan y Ohio), El Paso (que cubre Nuevo México y la zona oeste de Texas), Los Ángeles, (Newark, que cubre Nueva Jersey) y Filadelfia (que cubre Pensilvania).
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"Esta decisión tendrá un enorme impacto en los solicitantes de asilo, que no representan ningún riesgo y que actualmente languidecen bajo custodia" dijo en un comunicado el director legal de Human Rights First, Hardy Vieux.
Además, supone un duro golpe contra la política de "tolerancia cero" impulsada por el Gobierno de Trump y que lleva a EEUU a procesar criminalmente a los indocumentados detenidos en la frontera.
Esta práctica ha separado desde abril a más de 2,300 niños de sus padres, una situación que ha levantado muchas críticas a nivel nacional e internacional.
De acuerdo a Saldívar, de la ACLU, las personas que ya han sido arrestadas bajo esa política, la mayoría de las cuales son solicitantes de asilo, van a poder reclamar la libertad condicional humanitaria.
"A partir de hoy estos inmigrantes tendrán la oportunidad de pedir permiso para salir de las cárceles donde están y reunirse con los familiares que ya viven en EE.UU. o con sus hijos", explicó Saldívar, mientras se dirigía a un centro de detención en Livingston (Texas) para visitar a adultos detenidos e informarles de la decisión judicial.
Así, los miles de inmigrantes en cautiverio podrán esperar la resolución judicial sobre su petición de asilo en libertad, que puede tardar meses en hacerse oficial, aunque tendrán que pasar controles rutinarios.
Para la directora adjunta del Centro para Estudios de Género y Refugiados, Eunice Lee, esta nueva resolución judicial "reconoce que los solicitantes de asilo merecen compasión y la protección de las leyes, no el castigo".
La administración estadounidense puso en marcha el pasado abril las llamadas políticas de "tolerancia cero" por las que los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera pasan a ser procesados criminalmente, lo que implica la división de familias con menores.
A mediados de junio, Trump decretó el fin de las separaciones de familias en la frontera debido a las duras críticas recibidas y optó por que los menores permanezcan detenidos con sus progenitores.
Desde entonces el gobierno ha reunido a 538 niños con sus parientes, aunque más de 2,000 menores siguen recluidos y apartados de sus familiares, según datos de Seguridad Nacional.
