El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso una reforma constitucional que haría que él y su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo, fueran “copresidentes” de la nación centroamericana.
Aunque la iniciativa debe pasar por la legislatura del país, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional controla el Congreso y todas las instituciones gubernamentales, por lo que es probable que sea aprobada.
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La propuesta también busca ampliar el mandato presidencial a seis años, en lugar de cinco. Ortega presentó otro proyecto de ley el miércoles que haría ilegal aplicar las sanciones impuestas por Estados Unidos u otros organismos extranjeros dentro del territorio nicaragüense.
La oficina del secretario general de la OEA condenó las reformas constitucionales propuestas el miércoles.
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“El documento de la ‘reforma’ es ilegítimo en la forma y el contenido, constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de derecho democrático”, dijo en un comunicado.
Las propuestas se hicieron en un contexto de continua represión por parte del gobierno de Ortega desde las protestas sociales multitudinarias de 2018.
El gobierno de Nicaragua ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y más, luego los ha exiliado, despojando a cientos de su ciudadanía nicaragüense y posesiones.
Desde 2018, el gobierno de Ortega ha cerrado más de 5,000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y obligado a miles a huir del país.
Grupos disidentes, incluyendo la Alianza Universitaria Nicaragüense, rápidamente se pronunciaron en contra de las medidas, a las que consideraron una extensión de esa represión.
“Institucionalizan el nepotismo y la represión, destruyendo el Estado de derecho. La democracia enfrenta su mayor amenaza”, escribió la organización en su cuenta de la red social X el miércoles.
Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del centro de análisis Diálogo Interamericano, dijo que aunque el rechazo de las sanciones internacionales no tendría un impacto inmediato, podría poner al país en un “alto riesgo financiero” y en peligro de más sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Orozco añadió que la reforma constitucional a la presidencia es parte de un plan a largo plazo para que la administración permanezca en el poder, y que fue impulsada el miércoles como una manera de evitar provocar al gobierno entrante del virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
El analista dijo que puede que Trump no dé prioridad a la represión de las libertades democráticas en lugares como Nicaragua, pero tampoco es probable que tolere provocaciones.
