La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó el martes en el banquillo en un juicio inédito en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.
El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.
Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.
Fernández escuchó la acusación sentada junto a su abogado en el fondo de la sala mientras varias filas más adelante se situaron varios exfuncionarios de su gobierno. Detrás de un vidrio a espaldas de la acusada, se ubicaron políticos, sindicalistas y dirigentes de derechos humanos que sostienen su inocencia.
En las inmediaciones de la sede del tribunal simpatizantes de Fernández que vestían camisetas con la imagen de la expresidenta entonaron cánticos en su apoyo y ondearon banderas argentinas.
Nelson Chiavetti, empleado de un estudio jurídico, dijo a The Associated Press que “acá quieren hacer como en Brasil con el expresidente (Luiz Inácio) Lula (Da Silva) porque la única forma de que no ganara las elecciones era meterlo preso y hoy con Cristina están haciendo lo mismo”.
Alberto Fernández aseguró a periodistas que su compañera de fórmula presidencial “va a poder probar que la imputación es falsa” y que es “un disparate que esté involucrada en esta causa”.
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Horas antes del inicio del juicio, la dirigente peronista afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso es un “nuevo acto de persecución” que tiene como objetivo “colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.
Fernández se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri. La senadora afirma que su sucesor promueve causas en su contra para desviar la atención de los argentinos de la actual crisis económica.
El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.
Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.
Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el allegado empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.
La senadora está acusada de haber encabezado una “asociación ilícita” que otorgó de forma discrecional obras públicas a Báez en la provincia sureña de Santa Cruz.
Esa “organización criminal” -que también funcionó durante el gobierno de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007)- sustrajo fondos del Estado y “valiéndose de la legitimidad de los cargos” que ocupaban sus integrantes puso en funcionamiento una “maquinaria eficaz para sustraer y direccionar” esos fondos a Báez, sostuvo el secretario del tribunal durante la lectura de la acusación.
Alberto Fernández, que también fue jefe de gabinete de Kirchner, es uno de los más de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.
El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri aprovechará el desarrollo del proceso para “antagonizar” con la exmandataria y “eso no va a ser tan fácil” para ella.
El analista agregó, sin embargo, que con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.
La primera audiencia del juicio, que podría durar un año, consistió en la lectura de la acusación fiscal.
De ser hallada culpable la exmandataria podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión. Para el momento del fallo, Fernández podría ser vicepresidenta o mantener su escaño de senadora. En esos dos escenarios estaría a salvo del arresto por gozar de inmunidad para ser detenida que sólo puede ser anulada por disposición del Congreso.
La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez que supuestamente fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.
Fernández sostuvo que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto. También cuestionó que la justicia le impidiera aportar suficientes pruebas para su defensa.
