CIUDAD DE MÉXICO — México superó el lunes el registro de los 100,000 desaparecidos en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias.
Aunque se esperaba desde hace semanas, el anuncio de la Secretaría de Gobernación generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos que exigieron al gobierno que tome acciones “urgentes” y “contundentes” para atender lo que consideraron como una “grave crisis de desapariciones e identificación humana”, la impunidad y los altos niveles de violencia generalizada.
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El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960 y 1980, pero las cifras se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los carteles que emprendió el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
“Exigimos que se atienda esta crisis de forma integral e inmediata en proporción a este desgarrador número de personas desaparecidas”, afirmó el lunes el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a varias decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas, al manifestar alarma por la cifra.
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LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONAN AL GOBIERNO
La organización exhortó al gobierno adoptar las recomendaciones que realizó el mes pasado el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, que pidió a las autoridades mexicanas tomar “medidas inmediatas” para poner fin a la “alarmante tendencia al alza de las desapariciones forzadas”, entre ellas de niños, adolescentes y mujeres, algo que consideraron como una “tragedia humana”, y que aseguraron que es alentada por una “absoluta impunidad”.
Tras el informe del Comité de la ONU, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la actuación de su gobierno para atender la crisis de los desaparecidos y dijo que “ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, la impunidad”.
Durante sus más de tres años de mandato, el mandatario ha incrementado la participación de los militares en las labores de combate a las organizaciones criminales, una política que ha sido cuestionada por las organizaciones humanitarias y expertos, que le han instado a abandonarla.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales y les exigió en un comunicado que “asuman sus responsabilidades de forma cabal en materia de búsqueda e investigación, y trabajen concertada y firmemente con las familias y otras autoridades”.
Asimismo, pidieron a la Fiscalía General de la República que avance en la creación del “Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas” y que se reconozca a los cientos de personas que buscan a sus familiares, algunos de los cuales enfrentan amenazas y violencia, como defensores de derechos humanos y se les garantice la protección.
De igual forma, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que es una de las principales organizaciones humanitarias del país, expresó preocupación por el registro y dijo en su cuenta de Twitter que “aún está pendiente una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones”, tal como lo recomendó el grupo de expertos de la ONU que visitó el país latinoamericano en noviembre pasado.
La coordinadora del área internacional del Centro Prodh, María Luisa Aguilar, dijo a The Associated Press que superar la marca deja ver que “las desapariciones no son una herencia del pasado como se ha dicho desde el gobierno federal, sino que más bien se trata de algo que continúa”, y sostuvo que el fenómeno está asociado la crisis de violencia existente en México.
Aguilar afirmó que para atender el problema hace falta una política estatal que permita buscar a los desaparecidos de una manera integral, con coordinación y presupuesto para iniciativas como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación.
Jaqueline Palmeros, quien busca a su hija Jael Uribe Palmeros desde julio de 2020, se mostró pesimista ante el incremento de las cifras y dijo a la AP que este fenómeno no se detendrá hasta que se “arranque todo de raíz y empecemos con las garantías de no repetición”. Palmeros indicó que dudaba que pueda haber un cambio en México porque “las familias estamos luchando contra el Estado y desgraciadamente el Estado no cambia el sistema”.
En su informe, el Comité contra la Desaparición Forzada admitió que los responsables del aumento de la cifra eran los funcionarios públicos del ámbito federal, estatal y municipal, así como el crimen organizado, al que consideró un “perpetrador central de las desapariciones”.
El grupo de expertos manifestó inquietud por la desaparición de los defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021 y la “victimización de las mujeres”, ya que durante las desapariciones son las que se quedan a cargo de las familias y se encargan de la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios.
Asimismo, el Comité contra la Desaparición Forzada consideró como “insuficientes” los servicios forenses de México, una situación que ha llevado a que más de 52,000 fallecidos no identificados estén en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
