La promesa de Donald Trump de implementar deportaciones ha hecho que muchos se pregunten cómo se organizarán para enfrentar lo que se percibe como un nuevo y difícil capítulo en la política migratoria del país.
Maria Bilbao, organizadora comunitaria de la organización American Friends Service de Florid, dice que "las familias están con miedo … hemos recibido llamadas preguntando: ‘¿ahora qué, qué sigue, qué hacemos?’".
Adriana Rivera, representante de la Coalición de Inmigrantes de Florida, recuerda la dureza de las políticas de inmigración bajo la anterior administración de Trump. "Sabemos que su política de inmigración durante su tiempo en la Casa Blanca fue amenazante para la vida y seguridad de millones de personas".
El enfoque migratorio de Trump, reiterado recientemente en una entrevista exclusiva con NBC, pone sobre la mesa varios puntos claves: el aumento de las deportaciones, el fortalecimiento de las fronteras, la imposición de las leyes de inmigración, la prohibición de las ciudades santuario y la instauración de un sistema de inmigración estrictamente legal.
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Durante los cuatro años de su primera administración, más de un millón y medio de personas fueron deportadas. Por otro lado, bajo el gobierno de Joe Biden, desde 2021 hasta inicios de este año, las deportaciones también han alcanzado una cifra considerable, superando el millón de casos.
Carlos Giménez, congresista republicano del distrito 28, señala que la falta de control en la frontera ha generado una situación sin precedentes: “Tenemos más de 10 millones de personas que entraron a los EE. UU. durante esta administración porque tenían una frontera abierta, una frontera sin reglas”.
Según Giménez, el enfoque debería centrarse en una revisión caso por caso, priorizando la deportación de personas con antecedentes penales.
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Los expertos señalan que no será una tarea fácil. Rosaly Chaviano, abogada de inmigración, explica que el proceso para deportar a alguien requiere de ciertos protocolos, dado que estas personas ya se encuentran dentro del país. "Para que exista una deportación, debe haber un proceso legal, no es algo que suceda de la noche a la mañana".
El congresista Giménez, por su parte, aboga por un enfoque más específico en el cual los recursos se dirijan a identificar a aquellos con antecedentes criminales. Para él, es esencial "darles su juicio y, si corresponde, proceder con la deportación".
Uno de los mensajes que el congresista Giménez ha transmitido a la comunidad es que aquellos con estatus legal, como TPS (Estatus de Protección Temporal) o asilo, no deberían preocuparse por el momento.
Sin embargo, activistas y defensores de derechos temen que el alcance de las nuevas políticas pueda afectar también a estas comunidades. En ese sentido, están trabajando para establecer canales de comunicación con la administración actual y solicitar medidas que protejan a los grupos más vulnerables de posibles deportaciones.
Para quienes abogan por los derechos de los inmigrantes, la prioridad es garantizar la protección de las familias y de los individuos en situación de riesgo. En esta carrera contra el tiempo, los activistas están enfocados en encontrar maneras de contrarrestar las políticas de deportación masiva y evitar que se repita una de las etapas más inciertas y difíciles para la comunidad inmigrante en Estados Unidos.
