El Departamento de Justicia de EEUU dijo que las reclusas de la mayor prisión de mujeres de Florida están desprotegidas ante los abusos sexuales de los guardianes y aseguró que "no va a tolerar" que eso suceda.
Una investigación iniciada en 2018 descubrió que funcionarios de la cárcel estatal de Lowell "abusaron sexualmente de las reclusas y que esas mujeres siguen estando en riesgo significativo de sufrir abuso sexual", subrayó el fiscal general adjunto Eric Dreiband, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
El informe de la investigación indica también que el Departamento Penitenciario de Florida, a pesar de estar "avisado" de lo que ha estado ocurriendo en esa cárcel "al menos desde 2006", no tomó medidas para poner fin a este problema.
De acuerdo con Dreiband, el abuso sexual es frecuente" y la mala conducta de los guardianes de la prisión situada en Ocala, en el centro de Florida, es "sistemática".
Según el informe, es común en Lowell que los guardianes ofrezcan comida, maquillaje, drogas y cigarrillos a las presas a cambio de sexo y las obligan a mantener relaciones sexuales abusivas.
"Este trato ilegal e indecente de las mujeres debe terminar", agregó el fiscal general adjunto en un comunicado.
La investigación fue realizada por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y la oficina de la Fiscalía para el distrito judicial del centro de Florida.
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Ambos organismos concluyeron que hay causas razonables para afirmar que la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos "crueles e inusuales", no se cumple en Lowell.
El Departamento de Justicia envió a las autoridades del penal una notificación por escrito de los hechos denunciados en la investigación y también recomendaciones para solventar los problemas.
"Los funcionarios de prisiones tienen el deber constitucional de proteger a los presos de cualquier daño, incluidos los abusos sexuales por parte del personal", dijo el fiscal general adjunto.
Dreiband agregó que el abuso sexual es "inaceptable y no forma parte de la condena de ningún preso", mientras que María Chapa López, fiscal del distrito central de Florida, señaló que las "presas son especialmente vulnerables"a ese delito.
Chapa López señaló que esta investigación es el primer paso para poner fin al abuso sexual en la Lowell Correctional Institution y esperan que el estado de Florida colabore para encontrar "soluciones tangibles y efectivas".
La cárcel Lowell abrió en 1956 y cuenta con capacidad para 1.500 reclusas, según el Departamento Penitenciario de Florida.
