El empresario venezolano que este miércoles mató a tiros a su hijo de 3 años y luego se quitó la vida en Coconut Grove, según la policía, estaba a punto de ser sentenciado en un tribunal federal de Houston por su papel en un esquema de soborno, según registros judiciales en línea.
José Manuel González Testino, de 53 años, quien también poseía ciudadanía estadounidense, acordó en enero ceder $14 millones al gobierno, como parte de una sentencia fijada para el 24 de marzo en el Distrito Sur de Texas.
El hombre fue acusado de pagar sobornos a funcionarios de la empresa de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela (PDVSA) y su subsidiaria Citgo Petroleum Corporation, con sede en Houston, desde 2012 hasta 2018 para asegurar y retener de manera corrupta contratos de energía y logística, según el Departamento de Justicia de EEUU.
Su caso forma parte de una amplia investigación sobre sobornos relacionados con pagos de intereses petroleros de Venezuela.
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González Testino, identificado como un residente de Miami, se declaró culpable en mayo de 2019 de tres cargos: uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violar reglamentos de la FCPA y un cargo de no informar cuentas bancarias extranjeras, fue puesto en libertad con una fianza de $ 5 millones dos meses después de que diera su declaración de culpabilidad. Para ese entonces ya había pasado casi un año bajo custodia federal.
En enero, los fiscales presentaron una recomendación de sentencia en el caso que permanece sellado, por lo que el público no podrá saber si el gobierno recomendó tiempo en prisión.
González Testino había nacido en Tennessee, pero también tenía nacionalidad venezolana y asistió a la Universidad Metropolitana de Caracas, donde se convirtió en ingeniero de sistemas.
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En EEUU tenía al menos a 11 miembros de su familia entre ellos su ex esposa, su hermanos, su madre, su padrastro y por su puesto a su pequeño que terminó siendo asesinado por su propio padre.
El hombre controlaba múltiples empresas, 26 de ellas estaban ubicadas en Estados Unidos, 11 en Panamá, 7 en Suiza, 4 en Venezuela y otras más en Colombia, Perú, Ecuador, Holanda y China.
Después de su arresto en el Aeropuerto Internacional de Miami el 31 de julio de 2018, antes de que pudiera abordar un vuelo a Venezuela, un agente federal testificó que el gobierno había relacionado a González con $50 millones en cuentas bancarias extranjeras, condominios y una casa en el área de Miami, apartamentos en Suiza y en España, y un avión privado.
Para ese momento, se trataba del arresto número 17 relacionado con el enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que investigó la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y que involucró a varios funcionarios del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, González junto a uno de sus socios, pagó 629,000 dólares en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de lograr contratos a favor de sus empresas.
Entre los sobornos que habrían recibido los ex-trabajadores de la empresa petrolera venezolana se destacan finos licores, costosos relojes, viajes, pagos de hipotecas y miles de dólares disfrazados de comisiones.
La fiscalía también señala que un avión de siglas N820JS que perteneció al empresario venezolano, se usó para hacer vuelos charter con funcionarios del gobierno venezolano.
El condominio donde ocurrió el suicidio-homicidio es propiedad de su hermano menor, Walter Alejandro González, quien enfrenta una demanda de ejecución hipotecaria alegando que debe casi $3 millones en la unidad de Grove at Grand Bay, según los registros judiciales de Miami-Dade.
La denuncia afirma que Walter González dejó de pagar la hipoteca de 2019 siete meses después de obtener el préstamo. La propiedad de 4,800 pies cuadrados, comprada por casi $6 millones en 2016, figura en línea como a la venta por $9 millones.
