Tras la incorporación de cuatro nuevas categorías a los delitos en Cuba que pudieran ser condenados con la pena de muerte, luego de la entrada en vigor del nuevo código penal, han surgido temores por casos comunes conocidos recientemente.
Robarse un barco o un avión para salir de Cuba podría acarrear pena de muerte, según el nuevo código penal vigente desde el primero de diciembre.
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A la lista de delitos que llevan a la pena capital en la isla se han añadido estos, que incluyen toma de rehenes y delitos contra la navegación marítima, la aviación civil y la seguridad aérea y marítima.
Santiago Alpízar, abogado de inmigración, explica los cambios anunciados. "Ampliaron el delito de terrorismo, que antes era una figura única, y ahora se ha convertido en un capítulo completo de figuras que marcan ocho tipos de delitos distintos, a todos los cuales le han incluido la pena de muerte”.
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Pero según Alpízar, el régimen no necesita la excusa del nuevo código penal para hacer ejecuciones extrajudiciales y cita un ejemplo reciente.
“El supuesto accidente en altamar de la embarcación que escapaba de Cuba, y fue embestida por una de las nuevas lanchas que tiene ahora en operación el servicio de guardafronteras de Cuba. Es una forma de ejecución extrajudicial”, dice Alpízar.
Por su parte, para el abogado Eduardo Soto, que representa al último piloto cubano que salió de Cuba en una avioneta del régimen, está modificación del código penal para los efectos de la legalidad estadounidense, define lo que se denomina “membresía de grupo social particular” y eso podría ayudar a su cliente en su caso de asilo político.
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“Pues entonces, Rubén es parte de una membresía, pilotos que se han llevado un avión de Cuba”, que según el nuevo código penal, de ser condenado podría ir a la cárcel en Cuba y llevarle a la posibilidad de una pena de muerte, si regresa a la isla”, dice Soto.
Aún más preocupante es que las manifestaciones de protesta podrían ser consideradas como delitos serios, a discreción de los fiscales cubanos.
Yaxis Cires, del observatorio cubano de derechos humanos, muestra su preocupación ante las modificaciones anunciadas.
“Si ellos pueden considerar que hay acciones violentas, muchas veces provocadas por la policía política, como ocurrió el 11 de julio, están las circunstancias que permiten a un sistema judicial manipulado y controlado por ellos, considerar que se pueda aplicar incluso la pena de muerte”, señala Cires.
Expertos legales y también organizaciones de derechos humanos en el mundo consideran que la comunidad internacional debería pronunciarse y condenar la entrada en vigor de este nuevo código penal en Cuba.
