Inmigración

Orden ejecutiva de Biden deja fuera a cubanos recién llegados, aunque estén casados con estadounidenses

El presidente Biden presentó el nuevo Programa Parole in Place, que busca regularizar la situación de muchos inmigrantes indocumentados.

Telemundo

Una nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden promete aliviar la situación de cerca de medio millón de migrantes sin estatus legal en Estados Unidos, pero deja fuera a un grupo significativo: los cubanos recién llegados, incluso aquellos casados con ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con la explicación de un abogado.

El presidente Biden presentó el nuevo Programa Parole in Place, que busca regularizar la situación de muchos inmigrantes indocumentados. Según Biden, esta medida permitirá a aquellos que han mantenido una buena conducta y tienen familiares directos que son ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos, obtener un perdón de la deportación.

Willy Allen, abogado especializado en inmigración, explicó que esta medida se basa en parte en la Ley 42B. Esta ley permite a personas que entraron al país de manera ilegal, pero que han vivido en Estados Unidos por al menos diez años y tienen familiares ciudadanos o residentes, solicitar una suspensión de deportación.

Sin embargo, Allen subraya una exclusión notable en esta nueva medida: "¿Quién no está incluido? Los cubanos recién llegados". A pesar de los beneficios para muchos migrantes, los cubanos con I-220A u órdenes de deportación, incluso si están casados con ciudadanos estadounidenses, no califican bajo esta nueva política.

Para estos cubanos, la noticia ha sido un golpe duro. "Por un mes o un poco más, tenían la fantasía que llegó su salvación. Creo que no", lamenta Allen. La razón principal de esta exclusión es que estos migrantes no cumplen con el requisito de haber permanecido en el país por al menos diez años, una condición esencial de la nueva orden.

Aunque la implementación de esta medida está prevista para comenzar en agosto, aún existen muchas incertidumbres sobre cómo se llevará a cabo el proceso. Allen plantea varias preguntas: "¿Cuál va a ser ese formulario que van a usar ahora? ¿Vamos a volver a la 475-A, que implicaba pagar una multa de mil dólares para legalizarse? ¿Cuál va a ser el costo? Tienen que tener una forma de pagarle a las personas que están haciendo las preparaciones y eso no está claro".

Además de estas dudas, la rapidez del proceso es otra preocupación importante, especialmente considerando los retrasos actuales en los tribunales de inmigración. Allen comenta que "en este momento, las cortes que han aprobado las 42-B están dos y tres años atrasados. Con el parole in place estas personas se van a poder legalizar más rápido".

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