Tres familias de Miami-Dade esperan indefinidamente que se haga justicia después de perder a sus seres queridos en un choque en West Flagler en 2022.
Paola Sabillos, su novio Jason Meza y su prima Giselle Reyes son los pasajeros que murieron de sus heridas cuando según la policía, Erwin Rommel Recinos Zúñiga chocó contra un letrero de una estación de gasolina en Miami.
Zúñiga, de 28 años, fue arrestado y fichado bajo 10 cargos, incluyendo tres por homicidio involuntario por conducir bajo la influencia y tres por homicidio vehicular temerario. Las autoridades dicen que resultó positivo por THC y conducía a una velocidad de 126 mph cuando se estrelló.
Contra los deseos de las familias de las víctimas, Zúñiga fue liberado para esperar juicio bajo arresto domiciliario.
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Sin embargo, después de dos años anhelando la justicia, las familias se enteraron esta semana que autoridades de la inmigración habían deportado al presunto asesino a Honduras la semana pasada.
“A él lo deportan; él vive, él duerme, él come. Está viendo a su familia. Y mi hermana paró de crecer a los 19 años”, dijo Miriam Castillo, la hermana de Sabillon.
Según documentos obtenidos por Telemundo 51, Zúñiga “violó las reglas y regulaciones del Buró de Libertad Monitoreada – Programa de Arresto Domiciliario”. Fue arrestado bajo nuevos cargos sobre estatus de inmigración. Los detalles de esos cargos no fueron revelados.
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“Según su abogado, su oficial de libertad condicional lo llamó para cambiar la batería de su grillete electrónico. Él llegó. Inmigración ya estaba ahí. Lo detuvieron. Su oficial le quitó el grillete electrónico y lo dejó ir”, dijo Castillo basado en la información que recibió en la corte el día que se iba a realizar una audiencia para conocer la fecha del juicio para el acusado de matar a su hermana.
En un comunicado a Telemundo 51, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) indicó: “Zúñiga era un nacional hondureño ilegal que se removió el 6 de septiembre… La expulsión se produjo de acuerdo a una orden final firmada por un juez de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración el 27 de agosto".
“No nos han tomado en cuenta. Se burlaron de nosotros, de las tres familias”, dijo Mayra Meza, la madre de Jason Meza. "Estamos muertas en vida".
Los fiscales también estaban consternados al saber de la deportación en la corte.
“Esta deportación, que le robó la justicia a las familias de las víctimas, se pudiera haber evitado si aquellos supervisando su libertad supervisada simplemente notificarán a la corte y la Oficina del Fiscal Estatal de su intención de liberarlo. Ninguna notificación de ese tipo ocurrió”, dijo la fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle. “Las familias de las jóvenes víctimas y la gente del condado Miami-Dade comprensiblemente se sienten engañados por este tipo de fallo gubernamental”.
No está claro cuáles serán los próximos pasos. Sin embargo, abogados estatales afirman que trabajarán con el gobierno federal para intentar encontrar al acusado y traerlo a Miami.
"¿Uno puede matar y se puede ir de este país? Dónde se supone que los Estados Unidos es un país grande de justicia, ¿no? ¿Dónde está la justicia?” se pregunta Hellen Castillo, la madre de una de las víctimas. "Y si estas noticias llegan hasta Honduras, que por favor, lo manden. Que el tiene que pagar aquí".
La Oficina del Defensor Público de Miami-Dade no quiso comentar.
El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade, la agencia que supervisa los programas de arresto domiciliario, también se rehusó a comentar.
