La historia de Huber Argueta podría parecer una más en la compleja red de casos migratorios en Estados Unidos, pero se ha convertido en el centro de una demanda federal sin precedentes que podría sentar bases para un litigio colectivo. Desde Guatemala, a donde fue deportado de forma abrupta el pasado 19 de marzo, Argueta asegura que su expulsión violó procesos legales clave, y su equipo legal acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de haber actuado fuera de la ley.
Argueta llegó a Estados Unidos en 2007. En territorio estadounidense formó una familia con su esposa, ciudadana norteamericana, y tuvieron dos hijas. Aunque su estatus migratorio no estaba regularizado en sus primeros años, en 2021 recibió un perdón federal, lo que lo colocaba en la antesala de obtener una visa de inmigrante por matrimonio. Solo faltaba una cita consular.
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Todo cambió el 26 de enero de 2024, cuando fue detenido por un caso de conducción bajo influencia del alcohol (DUI). Aunque contaba con representación legal, una orden de arresto fue emitida por error en ese proceso. Según su abogada, Alexandra Friz García, la orden fue posteriormente anulada, pero ICE procedió con su detención de todas formas.
“Él tenía una cita para la audiencia de fianza migratoria el 19 de marzo, pero ese mismo día ya había sido deportado”, explicó Friz.
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“ICE no podía hacer eso sin la orden de un juez”.
Argueta fue arrestado el 10 de marzo, justo después de dejar a sus hijas en la escuela. Según detalla en su declaración ante la corte, nunca firmó una solicitud de deportación voluntaria. Tampoco se le permitió llamar a su abogado ni a su familia. En cuestión de días, sin audiencia judicial ni explicación, fue trasladado al centro de detención de Krome, en el sur de la Florida.
“No me dejaron hacer nada… solo me llevaron al avión”, relató con la voz entrecortada desde Guatemala.
Local
Sus recuerdos del centro de detención también reflejan condiciones indignas:
“Éramos tantas personas que quien encontrara un espacio en el piso se acomodaba”.
El caso ya ha llegado a la corte federal del distrito sur de Florida, donde la abogada Friz García demanda al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE, solicitando que su cliente sea traído de vuelta a EE. UU. para continuar con el proceso legal que estaba en curso. También busca sentar las bases para una acción colectiva, bajo la sospecha de que Argueta no es el único al que le ha ocurrido esto.
“Nuestra teoría es que este no es un caso aislado”, afirma Friz.
Por ahora, Huber permanece en Guatemala, enfrentando la ausencia de sus hijas y su esposa, que se han quedado en Miami, sin respuestas ni consuelo.
“Ellas no saben nada todavía. Mi esposa solo les ha dicho que no me esperen por ahora”, confesó con resignación.
Este episodio pone en evidencia una posible violación sistemática del debido proceso en procedimientos migratorios, al mismo tiempo que reaviva la conversación sobre los derechos de los migrantes con vínculos familiares en EEUU. ¿Puede un error judicial derivar en una deportación exprés? ¿Qué mecanismos de control existen para evitar que ICE actúe sin autorización judicial?
Por ahora, mientras se dirime el caso en los tribunales, la historia de Huber Argueta suma una nueva página al extenso y complejo capítulo de la inmigración en Estados Unidos, con el rostro de dos niñas que siguen esperando a su papá.
