En un mismo día pero en dos ciudades distintas del país podría definirse el futuro del parole humanitario y del TPS para los venezolanos, que ya ha comenzado su camino en corte.
En Boston, los demandantes – beneficiarios y patrocinadores del parole humanitario – le solicitaron a la jueza una pausa de 14 días a la decisión de cancelar este programa, pero al menos hoy, no hubo respuesta.
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Tal vez va a tomar par de días, pero va a ser pronto, porque es una emergencia.
El próximo lunes 7 de abril habrá una segunda audiencia, ese día también pedirán bloquear la orden del presidente Trump de cancelar el programa de parole humanitario, pero no por 14 días, sino una pausa permanente hasta que finalice el litigio.
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Adela de la Torre de Justice Action Center explica que “lo que está haciendo el gobierno de Trump no es adecuado y va a causar un daño tremendo”.
Le demanda se presentó el pasado 28 de febrero, para ese entonces, el programa estaba cancelado, pero no el beneficio. Es decir, las personas con un parole humanitario podían permanecer en el país por dos años, tiempo en el que debían ajustar su estatus, pero quienes no lo hicieron o no presentaron su solicitud de ajuste, ahora tendrán solamente un mes para abandonar el país, según un documento que sería publicado oficialmente mañana martes.
Claudia Cañizares, abogada de inmigración, advierte que “los argumentos que ellos están utilizando para cancelar esto, son los mismos argumentos que se habían presentado en la corte federal de Texas, para cancelar el parole, y un juez había decidido que la administración de Biden, si tenía el poder de implementar este programa. Por eso no me sorprendería que un juez de cualquier otro lugar del país, si es justo, diga: ‘las razones de la cancelación no son lo suficientemente fuertes, en comparación con el daño a las personas por cancelar esto de forma tan abrupta’”.
Local
Mientras tanto, en San Francisco, California, un grupo de abogados argumentó por qué las razones del Departamento de Seguridad Nacional para cancelar el TPS, no serían válidos.
Adelys Ferro del Venezuelan American Caucus asevera que “Venezuela no es un país al que se pueda volver y porque 600 mil venezolanos que tienen TPS en el país están haciendo las cosas bien, de manera legal, no son ningunos criminales”.
Similar a la audiencia del parole, le solicitaron al juez que mantuviera el TPS activo mientras el tema avanza en corte, de lo contrario, el próximo 7 de abril casi 350 mil personas perderían la protección.
