TALLAHASSEE, Florida — La Florida enfoca la atención de todo el país tras aprobar una legislación que algunos describen como “No Digas Gay”.
La ley, patrocinada por los republicanos, prohíbe la enseñanza de temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado.
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Los republicanos dicen que son temas que deben abordar los padres, mientras que los demócratas afirman que demoniza a la comunidad LGBTQ al excluirla de las conversaciones en las aulas.
¿QUÉ DICE LA LEY?
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La ley estipula que “la instrucción por parte del personal escolar o de terceras partes acerca de la orientación sexual y la identidad de género no puede darse desde el jardín de infantes hasta el tercer grado o de una forma inapropiada para la edad o para el desarrollo de los estudiantes según los parámetros estatales”.
Los padres pueden demandar a los distritos si se violan estas disposiciones.
Durante la ceremonia en que sancionó la ley, el gobernador Ron DeSantis dio un ejemplo de lo que considera inapropiado: Un póster con una imagen de “The Genderbread Person”, una infografía que ayuda a los estudiantes distinguir entre el sexo anatómico, la expresión de género, la identidad de género, la atracción sexual y la atracción romántica.
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La imagen ha sido incluida en varios programas para combatir el acoso y es ofrecida como un recurso por organizaciones como Human Rights Campaign, con sede en Washington y que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ.
“Se trata de sembrar dudas en los chicos acerca de su identidad de género”, sostuvo DeSantis. “De decir que pueden ser lo que quieren. Esto es inapropiado para chicos de jardín de infantes, primer y segundo grados. Los padres no quieren ver esto en las escuelas”.
DeSantis afirmó que la infografía está siendo usada en Florida y otros estados.
¿QUÉ SE LE CRITICA A LA LEY?
Los detractores de la ley dicen que prohibir la enseñanza acerca de la identidad de género y la orientación sexual margina a la comunidad LGBTQ y su presencia en la sociedad. En ese sentido, la describen como la ley del “No Digas Gay”. Los republicanos rechazan esa descripción y critican a los medios que usan esa expresión.
Los opositores a la ley dicen que los términos “instrucción en las aulas”, “apropiado para la edad” y “apropiado para el desarrollo” son demasiado ambiguos y se prestan a distintas interpretaciones. Por ello, señalan, los maestros pueden optar por evitar abordar estos temas por temor a ser demandados.
DeSantis y el comisionado de educación de la Florida, Richard Corcoran, restan mérito a esos cuestionamientos. Corcoran destaca que la misma legislación encomienda a su departamento que elabore lineamientos adicionales.
“Ahora podemos ponernos manos a la obra para que la gente no tenga dudas”, expresó Corcoran. Agregó que lo que hizo la ley fue “fijar parámetros claros”.
Andrew Spar, presidente de la Asociación Educativa de Florida, en cambio, sostuvo que la ley es simplemente una herramienta política de los republicanos. Indicó que, de hecho, no se ofrece instrucción sobre estos temas del jardín de infantes al tercer grado.
¿LA LEY TIENE ALGÚN OTRO ALCANCE?
Si bien no se habla mucho del tema, la ley exige también a los distritos escolares que informen a los padres acerca de los servicios médicos que ofrecen las escuelas y les den la opción de renunciar a ellos.
Los distritos deberán asimismo informar a los padres si notan algún cambio en la salud mental, emocional o física de los estudiantes. Los republicanos dicen que el objetivo es mantener a los padres informados acerca de lo que aprenden sus hijos y a lo que están expuestos en las escuelas.
Desde esa misma perspectiva, DeSantis sancionó la semana pasada una ley que permite a los padres opinar acerca de los libros que pueden ofrecer las bibliotecas escolares y exige a las escuelas primarias dar acceso a listas de todos los libros disponibles o usados en ellas.
¿AHORA QUÉ?
Agrupaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTQ y los demócratas amenazan con tomar medidas legales, pero por ahora no se ha hecho nada.
El secretario de educación del gobierno nacional, Miguel Cardona, dijo el lunes que su departamento “seguirá de cerca esta ley tras su implementación para evaluar si viola las leyes federales sobre los derechos civiles”. Agregó que los estudiantes y los padres que consideren que están siendo discriminados pueden hacer denuncias ante las autoridades federales.
