Los representantes Debbie Wasserman Schultz, de Florida y Darrell Issa, de California, anunciaron que su proyecto de ley, H.R. 1505, para que no se respeten las marcas comerciales robadas en Estados Unidos fue promulgado por el presidente Joe Biden.
Esta nueva ley prohíbe el reconocimiento por parte de Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas ilegalmente y ofrece un baluarte contra los intentos del régimen cubano de sacar provecho de la propiedad intelectual secuestrada.
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La Ley restringe aún más a los tribunales y agencias del poder ejecutivo de Estados Unidos la aplicación o validación de marcas comerciales confiscadas si se han utilizado en relación con un negocio o activo expropiado.
“Nuestra responsabilidad más fundamental es proteger a los estadounidenses de ser víctimas de nuestros adversarios. Esto significa hacer frente a los actores extranjeros malignos que se aprovechan de las lagunas legales en nuestras leyes para lucrar con marcas registradas robadas”, dijo la representante Wasserman Schultz.
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“He escuchado a electores cubanoamericanos contar cómo sus familias fueron despojadas de la riqueza ganada con esfuerzo, expropiada por regímenes autocráticos. Estoy agradecido al presidente Biden por convertir nuestro proyecto de ley en ley y demostrar el continuo compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el robo de propiedad intelectual”, precisó la congresista de Florida.
“Este proyecto de ley corrige una injusticia histórica al garantizar que las marcas registradas estadounidenses robadas por el régimen cubano ya no sean reconocidas en suelo estadounidense. Esto es más que una simple ley: es una declaración de que el vínculo entre el pueblo estadounidense y su propiedad intelectual es sagrado, y su confiscación sin consentimiento no es menos robo que el robo a un banco”, dijo el representante de California Darrell Issa.
La prohibición anterior estaba limitada a los tribunales estadounidenses y se aplicaba solo si la marca registrada confiscada estaba siendo reclamada en los Estados Unidos por un ciudadano cubano.
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Esta nueva ley prohibirá a cualquier agencia ejecutiva, incluida la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, reconocer, hacer cumplir o validar cualquier marca registrada que se haya utilizado en relación con una empresa o activos que hayan sido confiscados sin el consentimiento del propietario original o su sucesor en interés.
Este proyecto de ley impediría que cualquier persona utilice agencias estadounidenses para beneficiarse de la propiedad intelectual robada a su legítimo propietario.
