Voceros del régimen aclaran que decreto sobre apagones no afecta a la población civil.
En medio de la creciente preocupación y especulación generada en redes sociales, las autoridades cubanas han salido al paso para aclarar la interpretación del controvertido Decreto 110, publicado recientemente. Según declaraciones oficiales, este decreto no afectará al sector residencial y no se están planificando apagones totales de 72 horas en la isla.
Leisy Hernández, directora general de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (ONURE), fue enfática al declarar: "En ningún momento, el decreto aplica al sector residencial… es decir, a la población".
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La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) también publicó un comunicado en sus redes sociales desmintiendo categóricamente la existencia de una planificación de apagones totales, calificando las afirmaciones como falsas.
El contenido del Decreto 110
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El Decreto 110, firmado en agosto pero publicado el 26 de noviembre, incluye disposiciones sobre medidas de ahorro energético aplicables exclusivamente al sector empresarial, tanto estatal como privado. El Artículo 40 menciona la posibilidad de interrupciones planificadas de más de 72 horas si el sistema no puede satisfacer la demanda. Sin embargo, las autoridades subrayan que dichas regulaciones no impactan a los hogares cubanos.
Principales medidas del régimen de contingencia eléctrica en Cuba
- Paralización de servicios en horarios pico: detener la operación de hornos eléctricos, sistemas de climatización y equipos de refrigeración no esenciales durante las horas de mayor consumo.
- Ajuste de horarios laborales: reorganizar las jornadas para reducir la demanda eléctrica en momentos críticos.
- Reducción del consumo eléctrico: disminuir la iluminación al 50% y apagar el alumbrado público no esencial, manteniendo la seguridad vial.
- Fomento del autocontrol energético: actualizar bitácoras de consumo, realizar análisis diarios de autolecturas y cumplir con planes de acomodo de carga.
- Optimización del uso de sistemas tecnológicos: ajustar equipos de climatización a temperaturas de 25 °C o más, salvo en casos tecnológicos específicos.
- Control y supervisión intensiva: los consejos energéticos nacionales, provinciales y municipales supervisarán la implementación de estas medidas y coordinarán con las empresas locales.
Sanciones por incumplimiento
Local
El decreto estipula multas de hasta 20,000 pesos cubanos para actores económicos no estatales y de 5,000 pesos cubanos para responsables en el sector estatal que incumplan las medidas.
Estas disposiciones buscan mitigar el impacto de la crisis energética, garantizando un uso más eficiente de los recursos disponibles.
"Cada uno de los sectores económicos tiene que aportar más de lo que normalmente hace para que no haya derroche de electricidad", aseveró Hernández.
Crisis energética y contexto actual
Los recientes colapsos energéticos en la isla, con dos fallos en menos de un mes, han generado una situación de incertidumbre en la población. Estos eventos han demostrado que, incluso sin un marco legal, la realidad del sistema energético puede llevar a interrupciones prolongadas.
En los últimos 16 días, la Unión Eléctrica solo ha podido satisfacer el 57% de la demanda durante los horarios pico nocturnos.
"El problema fundamental de Cuba es la generación y la distribución eléctrica (…) Es muy sensible y cualquier viento lo tumba", destacó Eduardo del Valle, consultor en energía.
La llegada de gas licuado
En un intento por aliviar la crisis, medios oficialistas informaron la llegada de un buque con 9,377 toneladas de gas licuado a Santiago de Cuba. La escasez de este combustible ha agravado la presión sobre el sistema eléctrico, ya que muchas familias han recurrido a cocinar con electricidad.
El ingeniero Félix Estrada Rodríguez, de la Unión Eléctrica de Cuba, explicó:
"El incremento de la demanda, además del sustancial incremento en las temperaturas, tiene que ver con que la gente está cocinando con energía eléctrica".
La crisis energética en Cuba continúa siendo un desafío significativo, alimentado por problemas estructurales y una infraestructura vulnerable. Aunque las autoridades han aclarado los términos del Decreto 110, la incertidumbre y las dificultades para satisfacer la demanda energética mantienen en alerta a la población.
