Un nuevo programa de la administración del presidente Joe Biden que entró en vigencia el lunes permitirá a algunos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin permiso de permanecer en Estados Unidos legalizar su estatus sin tener que salir del país.
“Finalmente hay una luz de que esto es posible", dijo Roberto García, quien cruzó la frontera con México en el 2009 en busca de una mejor vida. Durante los últimos ocho años ha estado casado con una mujer estadounidense y tienen tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses
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"Me imagino que pronto tendré los importantes documentos que tanta gente quiere tener", agregó García, quien hace siete años solicitó legalizar su estatus mediante un proceso en el que, en caso de ser aprobado, tendría que regresar a México sin garantía de que se le permitiría volver a Estados Unidos.
El nuevo programa ofrece una rara oportunidad de borrar la amenaza de la deportación y algún día acceder a la ciudadanía. Pero entre todo el entusiasmo también hay preocupación: ¿Quién se beneficiará de lo que ha sido descrito como las protecciones más amplias a inmigrantes en más de una década? ¿Y, sobre todo, sobrevivirá a la elección presidencial?
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QUIÉNES SON ELEGIBLES
Bajo la nueva política anunciada por Biden en junio, muchos cónyuges sin estatus legal podrán solicitar un "parole in place" que ofrece permiso para permanecer en Estados Unidos, solicitar la residencia y eventualmente tener un camino a la ciudadanía.
Para ser elegibles, las personas deben haber estado continuamente en Estados Unidos por al menos 10 años, no representar un peligro de seguridad o tener una historia criminal que los descalifique, además de haber estado casadas con un ciudadano para el 17 de junio, el día anterior a que el programa fuera anunciado.
Inmigración
Los solicitantes deben pagar una tarifa de $580 y llenar una detallada solicitud que incluye explicar por qué merecen el parole humanitario y una larga lista de documentos de respaldo que demuestren desde cuándo han estado en el país.
La solicitud es enviada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, en caso de ser aprobada, tienen tres años para buscar la residencia permanente. Durante ese período, los solicitantes puedes obtener autorización para trabajar.
La Casa Blanca estima que unas 500,000 personas podrían ser elegibles, además de unos 50,000 de sus hijos.
Antes de este programa, era muy complicado para la gente que estaba ilegalmente en el país obtener la residencia tras casarse con un ciudadano estadounidense. A esas personas se les puede exigir que regresen a su país -frecuentemente por varios años- y siempre enfrentan el riesgo de que no se les permita volver a Estados Unidos.
POSIBLES RIESGOS
Tras el anuncio del 'parole in place' se registró gran actividad a nivel nacional de parejas verificando si eran elegibles. Grupos pro inmigrantes han estado ayudando a las personas a entender el programa y combatir la desinformación.
“Definitivamente hay mucho interés pero también muchas preocupaciones", dijo Carolina Castañeda, una abogada con Immigrant Legal Resource Center en el Valle Central de California.
Activistas y abogados dicen que evalúan con los posibles solicitantes si presentar la solicitud representa un riesgo, si el programa sobrevivirá a posibles demandas republicanas y qué pasa si Donald Trump -quien se ha comprometido a deportar a millones de inmigrantes- vuelve a la Casa Blanca.
En esta ocasión hay mucho más escepticismo en comparación con el entusiasmo con que fue recibido el lanzamiento del programa de acción diferida, conocido como DACA, que protegió de la deportación a personas traídas al país cuando eran menores de edad, dijo Karla Aguayo, directora de servicios legales de Coalition for Humane Immigrant Rights con sede en Los Angeles.
Cuando el DACA se anunció en el 2012, Aguayo dijo que miles de personas hicieron fila afuera de las oficinas de la organización. Esta vez sólo ha habido unas cuantas parejas.
Aunque el DACA tenía una base de solicitantes mucho mayor, la comunidad inmigrante ha visto cómo estas políticas migratorias quedan atrapadas en procesos judiciales en las cortes, dijo Aguayo.
“La gente dice: esto está bien, pero cuánto va a durar", dijo.
Afirmó que las parejas elegibles están emocionadas y "llegan con un acordeón de documentos que quieren que revisemos".
Pero, afirmó, su organización ha descubierto que la mayoría de las personas que acuden no califican. Una de las principales razones: muchos regresaron a su país en algún momento -frecuentemente por eventos como la muerte de un familiar- pero su reingreso a Estados Unidos los hace inelegibles.
Para María Zambrano, la posibilidad de que Trump gane la elección presidencial en noviembre y ponga fin al programa, hace la situación aún más urgente.
"Tenemos que reaccionar tan pronto como sea posible y aplicar tan pronto como sea posible", dijo la mujer de 56 años, residente de Bal Harbour, en el área metropolitana de Miami.
Zambrano llegó de Colombia en el 2001 y no ha vuelto a su país. Trabaja como tutora de español y tiene su propia compañía. Hace siete años se casó con un ciudadano estadounidense y, como García, solicitó ajustar su estatus legal pero aún no ha sido entrevistada en un consulado de Estados Unidos en Colombia.
Zambrano ha estado esperando por esa cita durante más de dos años y ahora tiene la oportunidad de evitar tener que hacer ese riesgoso viaje fuera de Estados Unidos.
ABOGADO RECOMIENDA ESPERAR
Los inmigrantes que, a diferencia de García y Zambrano, no están aún en el radar del gobierno podrían tener miedo de aplicar, especialmente si Trump es presidente. Su gobierno sabría quiénes son y dónde están, dijo Charles Kuck, un abogado de inmigración con sede en Atlanta.
“¿Hay un riesgo asociado con esto? 100 por ciento", afirmó Kuck.
Este tipo de programa debió haber sido implementado hace algunos años, no meses antes de una elección presidencial, dijo Kuck, quien aconseja sus clientes esperar a ver quién gana en los comicios de noviembre.
