El juez federal J. Campbell Barker anuló este jueves en Texas el "parole in place", un programa migratorio del gobierno del presidente Joe Biden que permitía que los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses pudieran obtener un estatus legal en Estados Unidos sin salir del país.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, encabezó una coalición de 16 estados, junto a America First Legal, para demandar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), al secretario Alejandro Mayorkas y a otros funcionarios de la administración de Biden, por este programa.
Paxton había indicado que la demanda que se presentó ante la Corte del Distrito Este de Texas, tenía como objetivo detener la norma, la cual permitía a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, obtener la ciudadanía sin tener que salir de Estados Unidos.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
"Este cambio permitiría que ciertas clasificaciones de inmigrantes ilegales obtengan el estatus de residente permanente mientras permanecen en Estados Unidos en violación de la ley federal", indicó Paxton.
Según el fiscal Paxton, la norma ignora la Constitución de Estados Unidos, viola la Ley de Procedimiento Administrativo y contraviene la ley federal existente, por lo que solicitó a la corte que otorgara una medida cautelar que impidiera al DHS implementar la política mientras se lleva a cabo un juicio a fondo.
"Con Joe Biden y Kamala Harris, el gobierno federal está trabajando activamente para convertir a Estados Unidos en una nación sin fronteras y un país sin leyes. No permitiré que esto suceda", dijo Paxton entonces.
Los estados que se unieron a la demanda de Texas son Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
Apenas en agosto pasado, el juez federal J. Campbell Barker ordenó una pausa temporal al programa en lo que continuaba el proceso judicial abierto con la demanda.
La pausa temporal ocurrió una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a aceptar solicitudes de los posibles beneficiados.
