Nuevo golpe judicial contra gobierno de Trump por Ley de Enemigos Extranjeros

Los principales funcionarios de inteligencia del gobierno del presidente Donald Trump comparecerán ante el Congreso en audiencias consecutivas esta semana, su primera oportunidad desde que fueron juramentados en el cargo para testificar sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos y lo que el gobierno está haciendo para contrarrestarlas.

El director del FBI, Kash Patel; el director de la CIA, John Ratcliffe, y Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia nacional, se encuentran entre los testigos que comparecerán el martes ante la Comisión de Inteligencia del Senado y el miércoles ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

La audiencia del martes tendrá lugar un día después de que se conociera la noticia de que varios altos funcionarios de seguridad nacional en el gobierno de Trump, incluidos Ratcliffe y el secretario de Defensa Pete Hegseth, enviaron planes de guerra para próximos ataques militares en Yemen a un chat grupal en una aplicación de mensajería segura en el que estaba incluido el editor en jefe de la revista The Atlantic.

Las audiencias anuales sobre amenazas mundiales ofrecerán un vistazo a la reorientación de prioridades del gobierno de Trump, que funcionarios de diversas agencias han dicho se centran en contrarrestar el flagelo del fentanilo y luchar contra el crimen violento, la trata de personas y la inmigración ilegal.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.

KIEV - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy confirmó este lunes que la delegación de Ucrania se reunirá por segunda vez para tratar la posibilidad de alcanzar una tregua con los representantes de Estados Unidos en Riyadh una vez termine el encuentro allí de los emisarios de Washington con los de Moscú.

"Hoy, representantes de Estados Unidos han hablado con el equipo de guerra, con representantes de Rusia. Después habrá otra reunión de los equipos ucraniano y estadounidense", señaló Zelenskyy en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Sobre esa reunión entre la delegación ucraniana y la estadounidense, Zelenskyy dijo esperar "un nuevo informe", después de que el domingo se dieran cita en la capital saudí los representantes de Kiev y Washington para abordar una posible tregua en los bombardeos al sector energético y en los ataques al mar Negro.

A medida que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) revoluciona las agencias federales, un nuevo informe publicado el martes por la página web de ofertas de empleo Indeed muestra que el número de trabajadores que buscan nuevos empleos en ellas se ha disparado.

Las solicitudes de empleo de los trabajadores de las agencias objetivo de DOGE aumentaron un 75% en comparación con 2022, según los datos del informe.

Y si bien las solicitudes de empleo de todos los trabajadores aumentaron tras la transición de Trump, el aumento en las solicitudes de los trabajadores objetivo de DOGE es especialmente pronunciado.

La fiscal general Pam Bondi defendió la decisión del gobierno de Trump sobre los vuelos de deportación y criticó directamente al juez de distrito estadounidense James Boasberg esta noche durante una entrevista con Fox News.

"El juez James Boasberg intenta controlar toda nuestra política federal, nuestra política exterior, todo lo que hacemos, con un solo juez de distrito", declaró Bondi al presentador Sean Hannity.

"Estoy bastante segura de que tendremos éxito, y este juez será derribado en su fallo, un fallo muy deficiente", añadió.

Estos comentarios se producen tras una audiencia en la corte de apelaciones esta tarde en un caso centrado en la deportación de inmigrantes por parte del gobierno de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, después de que Boasberg bloqueara temporalmente los vuelos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, declaró a la prensa que el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, excongresista de Florida, no debería dimitir después de que el editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, informara sobre los mensajes de texto que recibió este mes a través de la aplicación Signal de altos funcionarios que detallaban los planes militares estadounidenses en Yemen.

“¿Debería dimitir Mike Waltz? Rotundamente no. Está excepcionalmente cualificado para el puesto. Es confiable, digno de confianza. Fue un legislador extraordinario, pero lo es, estaba hecho para ese puesto, para ese trabajo, y tengo plena confianza en él”, declaró Johnson en el Capitolio.

Johnson añadió que le han dicho que el gobierno está determinando cómo se incluyó el número de Goldberg y que los funcionarios “mejorarán el proceso”.

Al ser presionado sobre la posibilidad de discutir información clasificada en la aplicación de mensajería, Johnson afirmó que sería un “terrible error” que los involucrados enfrentaran “consecuencias adversas”.

Hace una década, justo en este mes, Estados Unidos descubrió que Hillary Clinton usó un servidor de correo electrónico privado para comunicarse mientras se desempeñaba como secretaria de Estado, y posteriormente que varios de los mensajes contenían información clasificada.

Las revelaciones afectaron su campaña presidencial de 2016, lo que derivó en una larga investigación del FBI y en la promesa de Trump de encarcelarla —«¡Que la encierren!», coreaba la multitud en su mitin— si ganaba. Resultó vencedor, pero no impulsó un proceso judicial difícil de ganar contra Clinton.

Ahora, dos meses después del inicio de la segunda presidencia de Trump, los altos funcionarios de su gobierno discutían operaciones militares sensibles utilizando una aplicación comercial y encriptada para teléfonos celulares llamada Signal, informó hoy The Atlantic.

Al compartir el artículo en X, Clinton se apresuró a sugerir que había más que una pizca de hipocresía en las acciones de los funcionarios de seguridad nacional de Trump, algunos de los cuales la criticaron duramente por manejar mal información clasificada y no seguir adecuadamente las leyes federales de preservación de documentos.

Una oleada de cancelaciones de subvenciones del gobierno estadounidense afectó a investigadores centrados en la salud de personas gays, lesbianas y transgénero la semana pasada, como parte de las medidas que la administración del presidente Donald Trump ha estado tomando contra lo que describe como ciencia impulsada por ideologías.

El gobierno de Estados Unidos finiquitó la semana pasada al menos 68 subvenciones a 46 instituciones, que totalizaban casi $40,000,000 cuando fueron otorgadas, según un sitio web gubernamental. Parte del dinero de las subvenciones ya se ha gastado, pero al menos $1,36 millones en apoyo futuro fueron retirados como resultado de los recortes, aunque sólo había estimaciones disponibles para menos de un tercio de las subvenciones.

La mayoría estaban de alguna manera relacionadas con minorías sexuales, incluyendo investigaciones centradas en la prevención del VIH. Otros estudios cancelados se centraban en el cáncer, el suicidio juvenil y la salud ósea.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitará esta semana la prisión salvadoreña en la que el Gobierno de Nayib Bukkele encarceló a un grupo de migrantes venezolanos deportados por Washington.

La Administración de Bukele encarceló en esa prisión a los cerca de 200 venezolanos expulsados por Estados Unidos.

El caso de la deportación a El Salvador de los ciudadanos venezolanos, a los que el Gobierno estadounidense acusa de ser miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, se enmarca en la agresiva política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

En un post en la red social X, Noem dijo que "Estados Unidos ya no es un refugio seguro para criminales violentos. Estaré en El Salvador para ver de primera mano el centro de detención donde se alojan los peores criminales".

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El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump invocó el lunes un “privilegio de secretos de Estado” y se negó a proporcionarle a un juez federal información adicional sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII, un caso que es motivo de disputa en medio de la creciente tensión con los tribunales federales.

La declaración fue efectuada mientras el presidente del tribunal, James Boasberg, evalaba si el gobierno desobedeció su orden de hacer que aviones que transportaban migrantes regresaran en pleno vuelo después de que él bloqueó las deportaciones de personas que presuntamente eran pandilleros sin que primero estuvieran sujetas al debido proceso.

Los abogados del gobierno también le pidieron a un tribunal de apelaciones que levantara la orden de Boasberg y permitiera que las deportaciones continuaran, una solicitud que pareció generar división entre los jueces.

Trump emitió hoy una orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a las importaciones de cualquier país que importe directa o indirectamente petróleo venezolano.

El arancel entrará en vigor el 2 de abril.

Trump anticipó la orden en una publicación de Truth Social hoy, donde describió a Venezuela como "muy hostil" hacia Estados Unidos.

La Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA, por sus siglas en inglés) estará realizando "acciones históricas", afirmó el administrador de la agencia, Lee Zeldin, en un video que publicó el presidente Donald Trump en su plataforma de Truth Social.

“Nuestras acciones liberarán el dominio energético, reducirán los costos para los estadounidenses, fortalecerán la industria automotriz estadounidense y protegerán nuestro medio ambiente”, dijo Zeldin.

Trump anunció esta tarde la nominación de la Dra. Susan Monarez, directora interina de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), para dirigir permanentemente la agencia de salud pública.

El anuncio se produce después de que la Casa Blanca retirara la nominación del exrepresentante Dave Weldon, republicano por Florida, poco antes de su audiencia de confirmación en el Senado.

“La Dra. Monarez aporta décadas de experiencia en la defensa de la innovación, la transparencia y la solidez de los sistemas de salud pública”, escribió Trump en una publicación de Truth Social, añadiendo que, de ser confirmada, Monarez “trabajará estrechamente” con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Sydney Carruth para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.

Hillary Clinton. Joe Biden. Rosie O'Donnell. Trump tiene una larga lista de enemigos, y este fin de semana añadió uno más: un retrato de sí mismo.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump criticó duramente un retrato suyo que ha estado colgado en el Capitolio estatal de Colorado y exigió su retirada.

"A nadie le gusta una mala foto o retrato de sí mismo, pero el que está en Colorado, en el Capitolio estatal, colocado por el gobernador, junto con todos los demás presidentes, fue distorsionado a propósito hasta un nivel que quizás ni siquiera yo haya visto antes", afirmó Trump en una extensa publicación anoche.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Megan Lebowitz, Jesse Rodriguez y Dareh Gregorian para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.

WASHINGTON - El presidente de EEUU, Donald Trump, acusó al gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, de estar detrás de un retrato pictórico suyo colgado en el legislativo estatal que considera que ha sido "desfigurado a propósito".

"A nadie le gusta una mala foto o pintura de sí mismo, pero la de Colorado, en el Capitolio estatal, colocada por el gobernador, junto con todos los demás presidentes, fue desfigurada a propósito hasta un punto que quizás ni siquiera yo haya visto antes", escribió Trump en una publicación en su red Truth Social en la que adjunta una foto del cuadro en cuestión, obra de la retratista local Sarah Broadman.

"La artista también pintó al presidente Obama, y ​​se ve maravilloso, pero la mía es realmente la peor. Debió haber perdido su talento con la edad", añadió Trump.

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AP /Thomas Peipert, Archivo

Una jueza federal bloqueó temporalmente este lunes al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) para que no acceda a los datos privados de las personas en el Departamento de Educación, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Administración de Personal del gobierno federal de Estados Unidos.

La jueza Deborah Boardman emitió una orden judicial preliminar en un caso presentado el mes pasado por una coalición de sindicatos en un tribunal federal en Maryland.

Liderados por la Federación Estadounidense de Maestros, los demandantes alegan que el gobierno de Trump violó las leyes federales de privacidad al otorgar al DOGE acceso a sistemas con información personal de decenas de millones de estadounidenses sin su consentimiento.

Boardman, quien fue nominada para el tribunal federal por el expresidente Joe Biden, había emitido previamente una orden de restricción temporal. La orden judicial preliminar ofrece un alivio a más largo plazo bloqueando el acceso del DOGE mientras se desarrolla el caso.

La jueza determinó que el gobierno de Trump probablemente violó la ley. Dijo que el gobierno no explicó adecuadamente por qué el DOGE necesitaba acceso a "millones de registros" para cumplir con sus funciones laborales.

El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema que suspenda un fallo que ordena la recontratación de miles de empleados despedidos de forma masiva con el objetivo de reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal.

En una apelación de emergencia, el gobierno argumentó que el juez no cuenta con la autoridad para ordenar la recontratación de los cerca de 16,000 empleados en período de prueba. También insta a la corte de mayoría conservadora a controlar el creciente número de jueces federales que han ralentizado la ambiciosa agenda de Trump, al menos por ahora.

La orden provino del juez federal de distrito William Alsup en San Francisco, quien determinó que los despidos no cumplen con la ley federal y exigió el envío inmediato de ofertas de reincorporación.

Las agencias incluyen los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro.

Estados Unidos está planeando reducir el alcance de los aranceles que tiene previsto presentar el 2 de abril, según aseguran este lunes medios económicos citando fuentes de la Casa Blanca para alivio de los que creen que la medida recrudecerá la guerra comercial abierta por el gobierno de Donald Trump.

La nueva batería de gravámenes recíprocos, junto con una serie de impuestos aduaneros para sectores específicos como el del motor, los semiconductores o el farmacéutico, que Trump -que ha marcado la fecha como "Día de la liberación"- ha prometido presentar, sería mucho más específica que lo inicialmente apuntado, indican hoy tanto Bloomberg como The Wall Street Journal, citando representantes del Ejecutivo estadounidense.

Trump anunciaría aranceles recíprocos generalizados sobre naciones, regiones o bloques económicos, aunque excluiría a algunos actores que inicialmente estaban en la diana de Washington, señalan las fuentes.

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El juez federal James Boasberg rechazó una moción presentada por el gobierno de Estados Unidos para anular su propia orden que bloqueaba la deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

En su fallo, Boasberg destacó que cualquier persona que el gobierno considere sujeta a la proclamación del Presidente debe tener la oportunidad de demostrar que no lo está.

"Antes de que puedan ser deportados, tienen derecho a audiencias individualizadas para determinar si la Ley se aplica a ellos", señaló Boasberg en su decisión.

El juez también subrayó que, como reconoce el propio Gobierno, el poder extraordinario otorgado por la Ley solo puede aplicarse a aquellos que realmente son considerados "enemigos extranjeros".

La Fiscal General Pam Bondi volvió a atacar a miembros del poder judicial en una entrevista con Fox News el domingo, criticando a los jueces federales que han anulado o suspendido partes de la agenda del presidente Donald Trump y afirmando que la Corte Suprema finalmente escuchará la batalla judicial sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración.

"La Corte Suprema intervendrá", declaró Bondi en "Sunday Morning Futures" de Fox News. "Este es un juez fuera de control, un juez federal, que intenta controlar toda nuestra política exterior, y no puede hacerlo". Más aquí.

Los recientes cambios del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en los préstamos estudiantiles están causando frustración y confusión entre algunos prestatarios.

En respuesta a un fallo judicial de febrero que bloqueó algunos programas establecidos en el gobierno del presidente Joe Biden, el Departamento de Educación ha retirado las solicitudes en internet y en papel para los planes de pago basados en ingresos. Lea más de este reporte aquí.

Para muchos estudiantes universitarios, este lunes comienzan las vacaciones de primavera.

Sin embargo, debido a la preocupación por los cambios en la política migratoria bajo la administración Trump, algunos estudiantes internacionales están optando por evitar salir del país.

Las universidades están recomendando directamente a algunos estudiantes internacionales que no viajen, aunque tengan visa.

Es el caso de Josefina Moyano, estudiante Internacional de UC Berkeley, quien recibió un correo electrónico de la oficina internacional donde le recomendaron no viajar, según un reporte de NBC News.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la secretaria Kristi Noem viajará a El Salvador el miércoles para visitar la mega prisión donde la administración de Trump envió a cientos de migrantes con poco o ningún debido proceso.

Un panel de tres jueces de un tribunal federal de apelaciones escuchará este lunes los argumentos sobre la deportación de cinco venezolanos por parte de la administración Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de EEUU para el Distrito de Columbia escuchará los argumentos de ambas partes sobre la solicitud del gobierno de revocar la orden de restricción temporal del juez de distrito estadounidense James Boasberg, que impidió que la administración deportara a más personas bajo esta ley, poco utilizada en tiempos de guerra.

Los argumentos tendrán lugar a la 1:30 p. m., y cada parte tendrá 30 minutos para presentar su caso.

Trump continuó atacando a Boasberg durante el fin de semana, calificándolo de "desastre constitucional" en una publicación publicada ayer en su plataforma Truth Social.

Un grupo de 199 migrantes venezolanos retornó en la madrugada de este lunes a su país en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado de EEUU, de donde fueron deportados.

Esta es la primera operación de deportación desde que Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, anunciara la reanudación de vuelos desde EEUU, luego de haber denunciado un supuesto bloqueo por parte del Departamento de Estado.

El número dos del chavismo señaló que se trata del "cuarto vuelo" que reciben. El vuelo tuvo lugar después de que Washington enviara a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, detenidos por su presunta vinculación con el Tren de Aragua.

El jueves, un grupo de 311 migrantes venezolanos retornó en un vuelo de Conviasa, procedente de México, informó Cabello.

En total, 1,118 venezolanos han regresado en cinco vuelos desde el pasado febrero, cuando fueron repatriados 190 en un primer momento, 176 que estaban en la base militar estadounidense de Guantánamo y 242, también procedentes de México, según cifras oficiales.

Un nuevo memorando del presidente Donald Trump, que autoriza a la fiscal general y a la secretaria de Seguridad Nacional a sancionar a los bufetes de abogados que presenten demandas que consideren "frívolas", representa una importante escalada en su creciente ataque contra los bufetes, según informaron a NBC News expertos legales y exfuncionarios del Departamento de Justicia.

El memorando presidencial, "Prevención de Abusos del Sistema Legal y la Corte Federal", también ordenó a la fiscal general Pam Bondi que recomendara revocar las autorizaciones de seguridad de los abogados o rescindir los contratos federales de los bufetes si considera que sus demandas contra la administración son "irrazonables" o "vejatorias".

El memorando, emitido el sábado, se produce tras órdenes ejecutivas contra tres firmas: Covington & Burling, que prestó servicios legales pro bono al exfiscal especial Jack Smith, quien logró una acusación formal contra Trump; Perkins Coie, que representó la campaña de Hillary Clinton en 2016 y colaboró ​​con una firma de investigación de la oposición que compiló un expediente desacreditado contra Trump; y Paul Weiss, donde un exsocio de la firma, Mark Pomerantz, intentó construir una causa penal contra Trump mientras trabajaba en la fiscalía de distrito de Manhattan hace varios años.

Las órdenes ejecutivas suspendieron las autorizaciones de seguridad de los empleados de las firmas y les prohibieron el acceso a algunos edificios federales, medidas que les dificultarían representar a clientes.

El gobierno de Donald Trump confirmó el viernes que el programa migratorio conocido como "parole humanitario", y que nació en la administración de Joe Biden, tiene sus días contados.

Se trata de un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530,000 migrantes de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el viernes que revocará estas protecciones legales, lo que abre la posibilidad de que sean deportados en aproximadamente un mes.

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Este lunes 24 de marzo se hará la audiencia del Estatus de Protección Temporal para venezolanos en San Francisco, California, mientras que en Boston se llevará a cabo la audiencia del parole humanitario a las 11:00 a.m.

La demanda rechaza la decisión de la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Krist Noem, de revocar una prórroga de 18 meses del TPS para los venezolanos, que había sido concedida legalmente por la administración Biden en enero.