ESTADOS UNIDOS - El fiscal especial Jack Smith le pidió este lunes a un tribunal federal de apelaciones restaurar el caso en que se acusa al expresidente Donald Trump de retener documentos clasificados, luego que fue desestimado por una jueza en julio.
La jueza Aileen Cannon desestimó el caso, uno de cuatro contra Trump, al determinar que la designación de Smith como fiscal especial no fue constitucional.
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Jack Smith adoptó la posición de que su nombramiento como fiscal especial fue enteramente legal y que la jueza Aileen Cannon cometió varios errores al decidir lo contrario. En particular, no pide que la jueza Cannon sea retirada del caso, sólo que el Circuito 11 revoque su orden de desestimación y le devuelva el caso para continuar con los procedimientos.
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“El Fiscal General nombró válidamente al fiscal especial, que también cuenta con los fondos adecuados”, escribe en el escrito el fiscal especial adjunto James Pearce. “Al dictaminar lo contrario, el tribunal de distrito se desvió del precedente vinculante de la Corte Suprema, malinterpretó los estatutos que autorizaban el nombramiento del Fiscal Especial y no tuvo en cuenta adecuadamente la larga historia de nombramientos de abogados especiales por parte del Fiscal General”.
El escrito pone énfasis en el fallo de la Corte Suprema en Estados Unidos contra Nixon, un caso sobre la aplicabilidad de una citación emitida por el fiscal especial que investiga el escándalo Watergate. La legalidad de un fiscal o fiscal especial no fue directamente cuestionada en el caso Nixon, pero el Tribunal emitió su fallo operando bajo la presunción de que tales nombramientos estaban permitidos.
La orden del juez Cannon que desestimó el procesamiento de Trump se refirió a esa sección de la decisión de la Corte sobre Nixon como “dicta”, una frase legal que se refiere al lenguaje no vinculante en las opiniones judiciales.
“Incluso si el lenguaje relevante de Nixon fuera dicta, el tribunal de distrito no tenía derecho a descartar un lenguaje inequívoco y cuidadosamente considerado de una Corte Suprema unánime”, escribe Pearce.
El escrito también señala que los fiscales generales han estado nombrando abogados especiales durante más de 150 años, citando un artículo de revisión de leyes de 1998 escrito por el ahora juez Brett Kavanaugh que se refiere a la práctica como una “tradición profundamente arraigada”.
Hacia el final del escrito, Pearce señala el impacto en cascada que el fallo del juez Cannon tendría en el gobierno federal si se confirmara su razonamiento.
“Si el Fiscal General carece del poder para nombrar funcionarios inferiores, esa conclusión invalidaría el nombramiento de cada miembro del Departamento que ejerce una autoridad significativa y ocupa un cargo continuo, aparte de los pocos que están específicamente identificados por ley… El fundamento del tribunal de distrito Asimismo, plantearía dudas sobre cientos de nombramientos en todo el Poder Ejecutivo, incluidos los Departamentos de Defensa, Estado, Tesoro y Trabajo, que se basan en estatutos similares a las Secciones 509 y 510 para respaldar la autoridad de su Secretario para nombrar funcionarios inferiores. La inverosimilitud de ese resultado subraya por qué las novedosas conclusiones del tribunal de distrito carecen de mérito”.
