DENVER, Colorado - Los esfuerzos por utilizar la cláusula de “insurrección” de la Constitución de Estados Unidos para impedir que el expresidente Donald Trump se postule otra vez para la Casa Blanca entraron el lunes en una nueva fase.
Una audiencia estuvo centrada en si el ataque al Capitolio del 6 de enero cumple con la definición de la Constitución de la palabra y si el papel de Trump alcanza el umbral para ser excluido.
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La audiencia de Colorado es la primera de dos demandas estatales que podrían terminar llegando a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El testimonio del lunes comenzó con detalles sobre el asalto de 2021 que tenía como objetivo detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.
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El abogado Eric Olson, que representa a un grupo de votantes de Colorado que buscan mantener a Trump fuera de la boleta electoral, relató la retórica violenta del expresidente y su aliento a una multitud que se acercó a “40 pies” del entonces vicepresidente Mike Pence cuando irrumpieron en el Capitolio. Dijo que Trump “convocó y organizó a la turba”.
“Estamos aquí porque Trump afirma, después de todo eso, que tiene derecho a ser presidente nuevamente”, dijo Olson. "Pero nuestra Constitución... dice que no puede hacerlo", agregó.
Al comienzo de la audiencia del lunes en Colorado, la jueza rechazó una moción de Trump para que ella se hiciera a un lado porque una vez contribuyó con dinero a un grupo liberal.
EEUU
El jueves están programados alegatos orales ante la Corte Suprema de Minnesota en un esfuerzo por expulsar al expresidente republicano de la boleta electoral en ese estado. Ya sea que los jueces mantengan a Trump en las boletas o lo expulsen, es probable que sus fallos sean rápidamente apelados, y eventualmente lleguen ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El tribunal de mayor jerarquía de la nación nunca se ha pronunciado sobre la disposición de la época de la Guerra Civil de la 14ª Enmienda que prohíbe ocupar cargos superiores a aquellos que juraron respetar la Constitución y luego “participaron en una insurrección” contra ella.
"Hemos tenido audiencias con candidatos presidenciales que debatieron su elegibilidad antes: Barack Obama, Ted Cruz, John McCain", dijo Derek T. Muller, profesor de Derecho de Notre Dame, enumerando a los candidatos cuestionados sobre si cumplían con el requisito constitucional de ser "ciudadano nato". Pero estos casos, añadió Muller, son diferentes del uso de una oscura cláusula de la Constitución con la prohibición “incendiaria” contra la insurrección.
Incluso si son posibilidades remotas, dijo Muller, tienen un camino legal plausible hacia el éxito y plantean cuestiones importantes.
"Esas cuestiones legales son muy difíciles", aseguró Muller.
En los últimos meses se han presentado decenas de casos citando la Sección Tres de la 14ª Enmienda, pero los de Colorado y Minnesota parecen los más importantes, según expertos legales. Esto se debe a que fueron presentados por dos grupos liberales con importantes recursos legales. También se dirigieron a estados con procesos claros y rápidos para impugnar las calificaciones de los candidatos en las boletas.
Eso significa que los casos de Colorado y Minnesota están tomando una ruta jurídicamente más sólida para lograr que los tribunales obliguen a los funcionarios electorales a descalificar a Trump, a diferencia de otras demandas que buscan una decisión radical de los jueces federales de que el expresidente ya no es elegible para el cargo.
Los demandantes en los casos argumentan que la cuestión es simple: los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral de 2020, que llevó al ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, significan que está descalificado de la presidencia tan claramente como si no fuera un ciudadano por nacimiento, otro prerrequisito constitucional para el cargo.
“Cuatro años después de prestar juramento de 'preservar, proteger y defender' la Constitución como presidente de los Estados Unidos... Trump intentó anular los resultados de las elecciones de 2020, lo que provocó una violenta insurrección en el Capitolio de Estados Unidos para detener la transferencia legal del poder a su sucesor”, alega la demanda de Colorado, presentada en nombre de votantes republicanos y no afiliados por el grupo liberal Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington.
“Al instigar este asalto sin precedentes al orden constitucional estadounidense, Trump violó su juramento y se descalificó a sí mismo, en virtud de la Decimocuarta Enmienda, para ocupar cargos públicos, incluida la Oficina del Presidente”, se agrega,
Trump ha criticado las demandas como “interferencia electoral”. Sus abogados sostienen que ninguna de las cuestiones es sencilla en una disposición de la Constitución que no se ha utilizado en 150 años.
“Este es un Ave María legal de los demócratas”, dijo Mike Davis, un abogado que compareció con representantes de la campaña de Trump frente al tribunal el lunes en Denver antes de que comenzara el juicio en Colorado. "Este caso va a fracasar", opinó.
La campaña de Trump indicó que había presentado una moción para que la jueza del caso, Sarah B. Wallace, se abstuviera, porque había hecho una donación de $100 en octubre de 2022 al Colorado Turnout Project, un grupo liberal cuyo sitio web dice que se formó para “prevenir insurrecciones violentas”, como el ataque del 6 de enero.
Fue designada para el cargo en agosto de ese año por el gobernador Jared Polis, un demócrata. Wallace negó la petición, diciendo que no recordaba la donación hasta que se presentó la moción, y que no tiene ideas preconcebidas sobre las cuestiones legales del caso.
“No permitiré que este procedimiento legal se convierta en un circo”, aseguró al comenzar la audiencia.
La cláusula de la 14ª Enmienda sólo se ha utilizado unas cuantas veces desde inmediatamente después de la Guerra Civil. Los abogados de Trump sostienen que nunca tuvo la intención de aplicarse al cargo de presidente, que no se menciona en el texto, a diferencia de "senador o representante en el Congreso" y "elector de presidente y vicepresidente".
La disposición permite al Congreso otorgar amnistía –como se hizo en 1872 para permitir que exconfederados regresaran al gobierno–, lo que ha llevado a algunos a argumentar que no tiene poder sin una ley habilitante del Congreso.
Finalmente, los abogados de Trump sostienen que el expresidente nunca “participó en una insurrección” y simplemente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión para advertir sobre resultados electorales que no creía que fueran legítimos.
"Los comentarios de Trump no se acercaron a la 'incitación', y mucho menos al 'compromiso' en una insurrección", escribieron sus abogados en un documento presentado en el caso de Colorado. Agregaron ejemplos de casos en los que los autores congresionales de la Sección Tres se negaron a usarla contra personas que sólo respaldaron retóricamente a la confederación.
Los argumentos en Colorado podrían incluir testimonios de testigos del ataque del 6 de enero u otros eventos importantes durante los esfuerzos de Trump por anular las elecciones. Las identidades de los testigos han sido ocultadas hasta que suben al estrado, parte del esfuerzo del tribunal por limitar la retórica acalorada y las amenazas que se han convertido en un tema en los juicios penales de Trump.
Se espera que los abogados profundicen en la historia de la redacción de la disposición de la 14ª Enmienda y su uso entre su adopción en 1868 y la ley de amnistía en 1872. Hay pocos precedentes legales sobre el tema, tan escasos que los abogados han tenido que discutir sobre el significado de un caso escrito en 1869 por Salmon Chase, quien entonces era presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos pero escribió sólo como juez de apelaciones.
Después de la ley de amnistía de 1872, los juristas sólo pudieron encontrar otra vez que se citó la disposición, cuando el Congreso se negó a designar a un miembro socialista de la Cámara de Representantes porque se oponía a la entrada en la Primera Guerra Mundial.
Luego, el año pasado, CREW lo utilizó para excluir al jefe de Cowboys for Trump de un asiento en la comisión de un condado en la zona rural de Nuevo México. Un segundo grupo liberal, Free Speech For People, presentó demandas para impedir que los representantes republicanos Marjorie Taylor-Greene y Madison Cawthorn se postularan para la reelección.
El juez que supervisó el caso de Greene falló a favor de ella, mientras que el caso de Cawthorn se volvió académico después de él que fue derrotado en las primarias. Free Speech For People presentó el caso en Minnesota, donde las impugnaciones de las comparecencias en las boletas van directamente a la Corte Suprema del estado.
