Un total de 228 sospechosos fueron detenidos en un operativo encubierto de ocho días denominada "Tristeza de Marzo" que realizó la Oficina del Alguacil del condado Polk, Florida, contra el tráfico humano.
Según el comunicado oficial, los sospechosos fueron detenidos por presuntos en actos ilegales relacionados con la prostitución, ya sea solicitando servicios sexuales, ofreciendo servicios o ayudando y alentando a trabajadoras sexuales.
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Durante la redada, 66 presuntas trabajadoras sexuales fueron arrestadas, de las cuales 13 fueron identificadas como posibles víctimas de trata de personas.
Además, 150 sospechosos fueron detenidos por presuntamente solicitar servicios sexuales y viajar a la ubicación encubierta para negociar por relaciones sexuales a cambio de dinero.
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Otros 12 fueron arrestados por actividades relacionadas con el beneficio económico de la prostitución o por transportar trabajadoras sexuales al lugar de la operación.
Los detectives presentaron un total de 70 cargos por delitos graves y 288 por delitos menores.
El historial criminal combinado de los sospechosos incluye 879 delitos graves y 1,150 delitos menores, lo que subraya la magnitud de la problemática enfrentada.
Según los datos de la operación policial, se conoce que 21 sospechosos presuntamente estaban ilegalmente en el país, provenientes de naciones como Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú y Venezuela.
Además, las autoridades confiscaron drogas ilegales y 17 armas de fuego.
Entre los detenidos se encontraban dos hermanos, de 16 y 17 años, quienes supuestamente intentaron cometer un robo armado en la ubicación. Este incidente subraya los riesgos inherentes a los encuentros sexuales ilícitos, no solo para quienes ofrecen servicios sexuales sino también para los clientes y criminales involucrados.
La operación contó con el apoyo clave de detectives de varias jurisdicciones, incluidas las de Auburndale, Davenport, Haines City, Lakeland, Lake Hamilton, Lake Wales, St. Cloud, así como del personal de Winter Haven Fire Rescue.
Instituciones importantes como la Oficina del Fiscal del Estado para el Décimo Circuito Judicial, el fiscal estatal Brian Haas, miembros del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) y organizaciones de servicios sociales como One More Child, Heartland for Children y Selah Freedom, estuvieron presentes y desempeñaron un rol crucial.
