MIAMI, Florida - Melody González Pedraza, una jueza cubana incluida en el listado de presuntos represores de la Foundation for Human Rights in Cuba, llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa con un permiso de viaje otorgado por el Parole Humanitario. Sin embargo, al arribar, se le negó la entrada al país debido a su historial en Cuba. En respuesta, González Pedraza solicitó asilo político y actualmente se encuentra detenida, esperando una sentencia judicial.
González Pedraza, cuyo caso fue reportado inicialmente por Martí Noticias, firmó una sentencia judicial que condenó a cuatro jóvenes a penas de tres y cuatro años de prisión por lanzar cócteles molotov contra propiedades de la policía represora. Las madres de los jóvenes encarcelados, desde la isla, desean ser escuchadas y exigen justicia para sus hijos.
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Para obtener asilo, la jueza deberá demostrar un miedo creíble de persecución en Cuba. Si no pasa esta prueba, será deportada.
Su patrocinador, Roberto Castellón, defendió a la jueza, alegando que ella solo cumplía con su trabajo y criticó su inclusión en la base de datos de represores cubanos. Castellón justificó que González Pedraza redujo las condenas a cuatro años, cuando las autoridades pedían ocho años para los jóvenes.
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El caso de Melody González Pedraza ha generado un intenso debate en la comunidad del exilio cubano, poniendo en evidencia las complejidades y controversias alrededor de la migración y los derechos humanos en el contexto cubano.
